Colombia : Los campesinos de Las Pavas amenazados de expulsión....periodismohumano · Olga Gayón

Una fiscal colombiana cuestiona los derechos de 15 años de lucha de una comunidad de campesinos integrada por 123 familias y echada tres veces de su tierra: dos a través de escuadrones de la muerte y otra por la policía.

Solicita investigar por guerrilleros a los líderes de los labriegos y que se abra investigación a las ONGs nacionales e internacionales que han apoyado a la comunidad.

Esta decisión contradice un fallo de la Corte Constitucional, un proceso de titulación de tierras, y el reconocimiento oficial como desplazados forzosos.

 

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el retorno a sus tierras de la comunidad de las Pavas

(Diego Hernández Guzmán)

Días calurosos en pleno otoño barcelonés. Pero hay noticias que hielan el alma. A esta periodista le tocó contarle a Misael Payares, líder de la comunidad de Las Pavas, ubicada al norte de Colombia, en la provincia de Bolívar, que una fiscal de su país, Myrian Martínez Palomino, acababa de decidir que las 123 familias de labriegos a las que él representa, son “falsos desplazados” que “han estafado al Estado colombiano”. Payares, campesino de 64 años, 44 de ellos siendo líder de su comunidad, con cinco hijos y cinco nietos, era el invitado de honor de la Taula Catalana pèr Colombia en sus jornadas sobre Derechos Humanos en ese país. Esa tarde, debía contar ante un gran auditorio, cómo la lucha de su comunidad había conseguido que la Corte Constitucional, tras 15 años, obligara a la Justicia colombiana y a la entidad que se encarga de la titulación de tierras -INCODER-, a que continuaran con el proceso de reconocimiento de los derechos sobre la tierra de 550 personas, despojadas de sus cultivos y tierras a través de lo legal y de lo criminal. Las conquistas alcanzadas por la comunidad de Las Pavas, a la que Periodismo Humano acompañó hace unos meses en su vuelta a sus tierras, situadas en una zona donde la guerra ha sido brutal especialmente contra la población civil, han sido tomadas como emblemáticas en los procesos de restitución de tierras, tanto por los 5.2 millones de desplazados forzosos en Colombia, como por el mismo gobierno colombiano y por la cooperación internacional.
El fallo de la Corte, de mayo de 2011, constituyó el primer reconocimiento de derechos a desplazados en Colombia durante un proceso de extinción de dominio, figura legal que obliga a la Justicia a titular las tierras cuando su dueño las ha abandonado durante cinco años ininterrumpidos y que han aprovechado otros para cultivarlas. Éste es el caso de los campesinos que representa Misael: el propietario abandonó las tierras, cuando en la década del 90, Colombia emprendió el combate contra el narcotráfico.
Al escuchar la noticia de la fiscal, el líder campesino me miró como si estuviese preparado para recibir el sablazo. Le entregué la copia de lo publicado esa mañana en un diario colombiano. Le pedí que leyera… Él, como la mayoría de los campesinos colombianos mayores de 60 años que han sido despojados de sus tierras, apenas cursó un año de primaria. Por tanto, leyó en voz alta, renglón por renglón el folio, dividiendo las palabras en sílabas. Quince minutos después, con voz firme pero sin estridencias, dijo: “Tenemos derecho a esa tierra. Primero nos echaron los paramilitares, retornamos y otros paramilitares nos expulsaron, volvimos a volver y nos echó la policía ilegalmente en defensa de los empresarios. Y hemos vuelto a volver. Hemos ganado y perdido ante la Justicia; la Corte nos ha reconocido nuestros derechos y porque una fiscal diga que somos falsos desplazados no nos vamos a quedar sin justicia. Es la palabra de unos empresarios que en la región eligen alcaldes, gobernadores, diputados… contra la realidad de 550 campesinos sin recursos, a los que nos han arrebatado las tierras que cultivábamos para sobrevivir”.
Su determinación, la que sólo poseen aquellos que a pesar de los atropellos vividos han impedido que en su corazón anide el odio, me dejó perpleja. Su convicción de que su lucha pacífica y la de su comunidad conseguirán por fin que el Estado colombiano les reconozca sus derechos, pudo más que un duro golpe, uno más dentro de los tantos que le han asestado. Su mirada, enmarcada por las arrugas prematuras propias de los rostros de los que trabajan la tierra de sol a sol, trasluce dolor, orgullo, valentía y compasión. Compasión porque uno de su comunidad, Pedro Moreno, que durante 14 años luchó y lideró su causa, tras el fallo de la Corte Constitucional de mayo de 2011 acudió ante la Justicia para retractarse de su denuncia en nombre de las 123 familias. Moreno se manifestó “muy arrepentido por mentir” por haberse convertido al cristianismo: “Dios me pide que no mienta más y que pida perdón”. “Lo de los 550 desplazados ha sido una farsa; mentimos aconsejados por ONG para poder quedarnos con la tierra”, añadió. En ese testimonio y sólo en ese, la fiscal basó su investigación. No interrogó ni a la abogada de la comunidad de las Pavas ni a sus otros representantes; únicamente a los empresarios “compradores” de las tierras de la comunidad, al dueño de un latifundio vecino, al antiguo propietario que abandonó las tierras,y a unos trabajadores a sueldo de la hacienda.

Misael Payares durante las jornadas "¿De quién es la tierra?" organizada por

la Taula catalana per la pau i el drets humans a Colombia 

(Luzzatti / Flickr) 

Payares tuvo palabras de compasión para su vecino: “Pedro debe estar muy triste en este momento. Darse cuenta del daño que ha hecho a su gente debe ser horrible. Pero mire”, continuó hablando sin parpadear y sin abandonar esa mirada de conmiseración, “lo que ha hecho es el reflejo de la descomposición de la guerra en Colombia: cuando ya no pueden con la violencia ni con la Justicia, compran a una de las víctimas para que traicione a su gente; esto es lo que de verdad duele. Nos da tristeza que a Pedro lo estén utilizando; no le han dado fusil pero le han dado el arma para desprestigiarnos y el puñal que nos está clavando a todos en el corazón”.
Los principales medios tradicionales colombianos titularon en la siguiente línea: “En Las Pavas, falsos desplazados estafaron al Estado colombiano”. El presidente Santos, que en su programa electoral prometió hacer todo lo posible por resarcir a las víctimas de la guerra, no tardó en aparecer ante las cámaras para respaldar a la Fiscalía, felicitándola por su gran labor de investigación, “porque no podemos permitir que falsas víctimas se aprovechen del Estado”. El presidente sabe que el archivo del caso de desplazamiento que determinó la fiscal, no es caso juzgado y que las víctimas cuentan con el derecho a un proceso judicial. Seguidamente, Moreno denunció que la comunidad lo había amenazado y que por ello tuvo que abandonar su pueblo: pidió protección de las autoridades. Misael, ante el auditorio catalán esa misma tarde, en la Jornadas sobre Colombia “¿De quién es la tierra?”, también solicitó que el Estado lo protegiera pero “no porque nosotros vayamos a responder violentamente; no. Porque pueden atentar contra su vida para decir que hemos sido nosotros y porque se ha convertido en un testigo incómodo para quienes forzaron su testimonio”.
Durante su conferencia denunció cómo durante los 15 años de lucha, los paramilitares de extrema derecha y la fuerza pública, han intentado provocarles: “si respondemos con una mínima violencia dirán, como ya lo han dicho muchas veces, que somos guerrilleros; pero nosotros no somos tontos como ellos nos creen”. “Ahora”, continuó, “una fiscal pide que nos investiguen por guerrilleros terroristas. Los terroristas hacen terror con armas y bombas. ¿De dónde nosotros, que muchas veces no tenemos ni con qué vestir a nuestros hijos, vamos a comprar armas?. A esa fiscal le digo que las únicas armas que tenemos, son las yucas y las ahuyamas que sacamos del corazón de la tierra. Ésas son nuestras armas de construcción, porque con ellas alimentamos a nuestros hijos y con ellas impediremos que nos destruyan nuestros derechos”.
La historia de las Pavas

Preparando el retorno a las Pavas (D. H. G.)

Durante la persecución al narcotraficante Pablo Escobar, el Bloque de búsqueda de la policía entró varias veces en la hacienda Las Pavas con el objetivo de encontrarlo allí. Tras la muerte del criminal en 1993, el dueño de la hacienda abandonó las tierras. Al parecer era familiar del narcotraficante; la fiscal ha asegurado que no. Algunas personas  sacaron los muebles y vendieron el ganado. Muy cerca de la hacienda está ubicado el poblado conocido como Buenos Aires. En 1995 campesinos de allí, que incluso habían trabajado en la hacienda, al ver las tierras abandonadas, las ocuparon para cultivarlas. Durante ocho años ininterrumpidos plantaron cacao, maíz, ahuyama y arroz.
En 1998 constituyeron la Asociación de Campesinos Agricultores de Buenos Aires (ASOCAB). En 2003, el Bloque Central Bolívar de los escuadrones de la muerte, paramilitares de extrema derecha, convocó a las familias en un centro escolar del pueblo para informarles de que si seguían cultivando esas tierras, lo único que les esperaría sería la muerte. Tras miles de masacres perpetradas por ellos, en Colombia se sabe que los paramilitares no amenazan dos veces. La comunidad abandonó sus cultivos y casas. Los criminales, instalados en una población cercana, continuamente visitaban el pueblo para intimidar. Cuentan los labradores que por el río bajaban cadáveres descuartizados.

(María Libertad Márquez)

Una vez el ejército ilegal abandonó la zona, los campesinos volvieron a cultivar las tierras. En 2006 solicitaron a INCODER, institución colombiana que se encarga de la titulación de tierras, que les adjudicaran legalmente a las 123 familias esos terrenos porque el dueño las había abandonado. La entidad constató los hechos y comenzó el proceso que en Colombia se conoce como extinción de dominio, cuando se comprueba que su titular ni explota la tierra ni hace presencia física durante cinco años consecutivos. Pero entonces el propietario, tras más de diez años, regresó acompañado por otro escuadrón de paramilitares. Reunieron a los campesinos en la escuela del pueblo y los obligaron a abandonar nuevamente las tierras. Incendiaron los cultivos y destriparon las casas. Tras la misión cumplida, el propietario volvió a desparecer. De repente, en 2007 instalaron grandes maquinarias en las tierras; un abogado invitó a los campesinos para que desalojaran, porque las tierras habían sido adquiridas por C.I. Tequendama S.A. y Aportes San Isidro S. A., un consorcio de cultivadores de palma africana, materia prima para agrocombustibles. Las familias denunciaron ante la justicia esta “compra” de sus tierras, porque no se podían haber vendido ni comprado mientras estaba en curso el proceso de extinción del dominio. Un juzgado en primera instancia les dio la razón; los palmicultores recurrieron y la justicia favoreció a los empresarios. El 14 de julio de 2009, con un gran despliegue de policía antimotines y de diversas autoridades de la zona, desalojaron ilegalmente a las 123 familias.
La empresa palmicultora arrasó con todos los cultivos de los campesinos y se dedicó a la siembra masiva de palma, derribando árboles y desecando humedales que la comunidad había cuidado celosamente desde siempre. Al comprobar que la Justicia y el Estado no les protegían tras ser reconocidos como desplazados de la hacienda Las Pavas, denunciaron ante la Corte Constitucional su caso, solicitando que el proceso de extinción de dominio siguiera su curso y que el desalojo fuese declarado ilegal. Mientras la Corte fallaba, en abril de 2011, Periodismo Humano les acompañaba en el retorno a sus tierras, apoyados por el acompañamiento de organizaciones internacionales, sacerdotes de la zona y un grupo de abogados de Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana de Bogotá. Este retorno fue noticia en todos los medios colombianos.
En mayo de 2011 la Corte falló a favor de la comunidad y obligó a la Justicia colombiana a que continuara con el proceso jurídico de extinción de dominio y declaró ilegal el desalojo. Este fallo constituyó un gran triunfo para los campesinos y el caso de Las Pavas se convirtió en emblemático para los millones de campesinos que ahora mendigan en pueblos y ciudades colombianos, tras ser expulsados de sus tierras por ejércitos legales e ilegales. Un mes después del fallo favorable a los campesinos, fue cuando uno de sus líderes, Pedro Moreno, acudió a la justicia para retractarse y decir que las 550 familias, incluida la suya, eran falsos desplazados.
El 18 de julio de 2011 se constituyó una nueva asociación de campesinos de la zona, paralela a ASOCAB, denominada Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo de Campesinos del Peñón, Bolívar cuyo vicepresidente es Pedro Moreno, el campesino arrepentido. Esta asociación, según información del periodista colombiano Daniel Coronell, está integrada en la Federación Sindical del Nuevo Liderazgo Campesino, impulsada por José Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante Pablo Escobar y exsecretario privado de Álvaro Uribe mientras fue presidente de Colombia. Gaviria es reconocido en ese país por jalonar la extrema derecha e ignorar a los millones de víctimas de la guerra, especialmente a las causadas por los paramilitares de extrema derecha y el ejército colombiano.

(M. L. M.)

El fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado,

y en la actualidad, parlamentario, Iván Cepeda, 

con Misael Payares (M. L. M.)

El impacto de la decisión de la Fiscalía
En Colombia se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, criticada por organizaciones de víctimas por no haber sido consultadas, y que tiene como fin devolverle a 5.2 millones de desplazados la tierra arrebatada a través de métodos violentos. El caso de Las Pavas, es emblemático. Por ello fue escogido por la Taula Catalana pèr Colombia, para darlo a conocer en sus jornadas en Barcelona sobre derechos humanos en ese país.
Cuando la fiscal Myriam Martínez Palomino determinó que las 550 personas eran falsos desplazados que estafaron al Estado, que el desalojo que sufrieron fue legal, que nunca han ejercido posesión de esa tierra, que jamás han sido desplazados por escuadrones de la muerte y que sus líderes debían ser investigados por pertenecer a la guerrilla, hubo júbilo en sectores legales de la extrema derecha que en Colombia no desean que a las víctimas les reconozcan sus derechos, porque el telón de fondo de la guerra allí es la tierra, y sus víctimas, los pequeños propietarios. La Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, sin haber leído la providencia de la fiscal de Cartagena, sentenció que este era un montaje en el que se había demostrado “falso desplazamiento”. El ministro del Interior, por su parte, alertó por twitter que “se están prefabricando víctimas de desplazamiento para reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”. El impacto fue tal que, además de señalar con nombres propios a las “falsas víctimas”, quedaron en entredicho la cooperación de ONGs nacionales y extranjeras, la Corte Constitucional, el INCODER -institución que titula las tierras en Colombia- , la Procuraduría de la Nación, el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio, el Gobierno , y hasta el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que había escogido el caso de Las Pavas como piloto para comenzar la restitución de tierras. La decisión de la Fiscalía, tras dos desplazamientos masivos y un desalojo ilegal realizado por los antimotines de la policía, ha conseguido redesplazar a 550 personas, esta vez, desplazándolas de sus derechos como desplazados, reconocidos ya por diversas entidades gubernamentales y por el máximo tribunal constitucional.
Quienes han acompañado de manera personal y a través de organizaciones a la comunidad de Las Pavas en todo este proceso, inmediatamente respaldaron a la comunidad e incluso denunciaron algunas presiones individuales o un intento de compra por parte de la empresa,  para que convencieran a los campesinos de abandonar sus peticiones. Días después, la Fiscal General de la Nación rectificó y fue al poblado de Buenos Aires, habló con las víctimas y ordenó que se abriera una investigación sobre desplazamiento en los años 2003 y 2006.
El impacto negativo ha tenido tal alcance, que la mismísima ONU solicitó a Colombia que no estigmatice a las víctimas. “Vemos con gran preocupación en los últimas días y semanas intentos de desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y sus organizaciones, esto a raíz de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: es importante que el país se de cuenta que hay gente que ha sufrido mucho y las que se les ha arrebatado millones de hectáreas por lo que tienen derecho a reclamar sus tierras”.
Una multinacional respalda la comunidad y rechaza a los empresarios
En 2009, la ONG británica Christian Aid decidió apoyar a ASOCAB, la asociación de los campesinos. Contactó en Londres con la multinacional The Body Shop, que cuenta con más de 3.000 tiendas en el mundo, y les dio a conocer que a la empresa a la que ellos compraban el aceite de palma para fabricar jabones para el cuerpo, había expulsado de sus tierras a 550 personas. En un comienzo la empresa que ahora hace parte de L’Oreal no hizo mucho caso. Entonces activistas en Estados Unidos realizaron manifestaciones frente a sus tiendas, informando a la clientela sobre el origen de la materia prima de sus jabones. Fue entonces cuando la ONG y la multinacional acordaron realizar una investigación independiente in situ para comprobar lo expuesto por Christian Aid. Contrataron investigadores que visitaron la zona y en octubre de 2010 The Body Shop hizo pública la ruptura del contrato con la empresa proveedora de aceite, al determinar que había en curso un proceso por violación a los derechos de 550 personas y porque, pese a que la palmicultora poseía una certificación de Colombia como respetuosa con el medio ambiente, constataron que la industrialización del cultivo de palma había arrasado los humedales, los árboles de la zona y, por tanto, con los peces de las fuentes acuíferas.
Gracias al respaldo de The Body Shop, la comunidad de Las Pavas fue protagonista de diversos reportajes en la prensa británica y colombiana. Misael Payares, tras lo conseguido con la multinacional y con la Corte Constitucional,sentencia: “Somos el barro [arcilla] para moldear una nueva figura para reclamar derechos. No somos únicamente las 123 familias de Las Pavas. Somos millones de campesinos, indígenas y negros, hermanos que, pacíficamente, y ayudados por muchas organizaciones y personas, estamos consiguiendo que nos nuestros derechos sean respetados; la historia de David y Goliat llevada a lo real”.
Los empresarios
Quienes compraron la tierra, son dos familias que durante décadas han mantenido mucho poder económico y político en la Costa Caribe colombiana. Una de ellas, Dávila-Abondano- Díazgranados, se ha visto comprometida con escándalos de corrupción y algunos de sus miembros han sido denunciados por narcotráfio y por simpatizar o pertenecer a grupos paramilitares. En 2009 se descubrió que el Ministerio de Agricultura, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, había entregado subsidios no reembolsables a terratenientes, cuando el programa había sido aprobado para los pequeños y medianos agricultores. Esta familia recibió más de un millón de euros; ellos lo han reconocido públicamente y podtían ser condenados por ello hasta a ocho años de cárcel. La investigación periodística que destapó este entramado de corrupción descubrió que la familia era una de las donantes de las dos campañas políticas de Uribe y de la del ministro que les entregó los subsidios, que hoy se encuentra detenido por este caso conocido como Agro Ingreso Seguro.
Antes, otras empresas de la familia fueron denunciadas por contaminar con vertidos las playas de una amplia región de la Costa Caribe colombiana y por deforestar una enorme zona de la provincia de la Guajira, al norte del país. Hace algunos meses estalló otro escándalo, porque el gobierno de Santos había autorizado construir un hotel de 7 estrellas en un territorio que los indígenas Tayrona consideran como sagrado. Según el gobierno, se podía realizar el proyecto porque allí no había ni un indígena. Por fortuna, tanto los medios de comunicación como las redes sociales denunciaron este atropello contra una cultura milenaria que además ha cuidado celosamente el entorno. Santos se vio obligado a desautorizar el proyecto. Sin embargo se dice que hay otros centros hoteleros aprobados en la misma zona en los que la familia posee grandes inversiones.
En octubre de 2010, la familia Dávila Abondano, tras la decisión de la multinacional The Body Shop, anunció que se retiraba como empresaria de la hacienda Las Pavas, porque no había “encontrado el respaldo de los campesinos para proyectos de desarrollo comunitario”. No obstante, son muchos los que dicen que es un lavado de imagen para no perder compradores en el mercado internacional, ya que facturan al año alrededor de 90 millones de euros con sus exportaciones de aceites y productos alimenticios como el café. Las organizaciones que han respaldado a la comunidad de Las Pavas, aseguran que a día de hoy, la familia está en las escrituras de la empresa.

Valoraciones de la fiscal Transcribimos algunos extractos de su providencia con las que sustentó el cierre de caso para las víctimas de desplazamiento forzado por no existir dichas víctimas. Extraña el lenguaje y algunos de los términos empleados.

• “ONGs nacionales e internacionales donde vienen arengando que han sido desplazados desde el años 2003… [...]… engañando de una u otra forma a las autoridades, haciéndoles si es el caso, incurrir en errores judiciales y de carácter administrativo [...] vienen difundiendo no solo por INTERNET sino por medios periodísticos toda clase de atropellos, contra el Estado colombiano [...] Ongs, embajada británica…”

En ningún momento emplea la palabra paramilitares.

• “… quienes le han hecho creer a la comunidad internacional que han sido desplazados por el grupo de las AUC del Bloque Central Bolívar…”. “[...] que nunca ha sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado…”. “[...]se ha podido demostrar que nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque o comando hayan llegado a los predios de la Hacienda Las Pavas…”

En ninguna parte de su sustentación menciona a estos escuadrones de la muerte como “paramilitares” y además asegura que ellos jamás estuvieron en las inmediaciones de la hacienda, cuando hay numerosos testimonios que afirman numerosas incursiones de grupos violentos en esta zona que hace parte del Magdalena Medio, lugar donde se han realizado numerosos actos de crueldad contra la población civil.
Acusaciones formales de guerrilleros contra los líderes comunitarios y sus acompañantes basándose sólo en el testimonio de un testigo:

• “Me asombré en esa ocasión que ciertos miembros de ASOCAB estaban vestidos de camuflado, especialmente ENIT TORRES, que tenía un arma de fusil en el hombro”. La fiscal, basada exclusivamente en este testimonio, ordena una investigación. “Ante esta denuncia se hace necesario compulsar copia de esta pieza para que se investigue a los miembros de SOCAB [sic], ETNI TORRES, ELIUD ALVEAR Y MISAEL PAYARES por sus vínculos con las GUERRILLAS, o sea por el delito de REBELIÓN”.

• “ [...] de individualizar a FRANCISCO (A) PACHO, SEGUNDO AL MANDO DEL IDEÓLOGO INTELECTUAL DESCONOCIDO, SUS NOMBRES Y APELLIDOS COMO SUS ALIAS…”

A quien la fiscal ordena investigar como alias Pacho, no es otro que el sacerdote  jesuita Francisco De Roux, reconocido en la zona como uno de los gestores de paz y acompañante de las comunidades de desplazados; en todo Colombia, su nombre se relaciona rápidamente con una persona que ha trabajado al menos 20 años para que el conflicto armado se solucione a través del diálogo.

• “… se colige, que efectivamente detrás de este fantasioso proceso de Desplazados ha existido altos intelectuales de grupos de IZQUIERDA…”

En muchos sectores de Colombia se identifica el concepto ‘izquierda’ con la guerrilla. Cuando la fiscal emplea mayúsculas, excepto si son nombres propios, generalmente es para destacar algo muy negativo, como se transcribió arriba, rebelión y guerrillas. Deja un manto de sospecha con el uso de izquierda en mayúsculas.

• “[...] se desprende la solvencia económica… e inclusive este despacho ha podido observar que el señor Misael Payares fue hasta el País Suiza [sic]. Como lo podemos apreciar en el video aportado por el investigador a estas diligencias, nos preguntamos, de dónde sacó dinero este “supuesto campesino” para tramitar visa, gastos aéreos, hospedaje, estadía, en aquel país lejano del nuestro, cuál fue su propósito de llegar hasta aquel país? Hablar bien del Estado colombiano ante las Organizaciones no gubernamentales o a indisponer a nuestro Gobierno y nuestras autoridades…”

Emplea comillas con el término campesino, precedido de la palabra supuesto; otro manto de sospecha, innecesario en una investigación de este carácter. Misael Payares fue invitado a Ginebra por la ONG suiza, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia y por Brigadistas Internacionales de Paz (PIB), en mayo de 2010, para exponer el caso de la comunidad de Las Pavas ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU donde denunció: “las tierras que nos han quitado a los campesinos se las han dado a los grupos palmeros. Han talado los bosques, secado los humedales, lo único con lo que subsistíamos los campesinos”.

Vìa :

 http://periodismohumano.com/en-conflicto/los-campesinos-de-las-pavas-otra-vez-amenazados-de-expulsion.html