Días pasados conocimos el fallo de la Corte Suprema de Chile que
rechazaba los siete recursos interpuestos por pobladores, organizaciones
ambientalistas, legisladores y empresarios regionales contra el
mega-proyecto hidroeléctrico Hidroaysén
Días pasados conocimos el fallo
dividido de la Corte Suprema de Chile que rechazaba los siete recursos
interpuestos por pobladores, organizaciones ambientalistas, legisladores
y empresarios regionales contra el mega-proyecto hidroeléctrico
Hidroaysén, para la construcción de cinco represas en la región
patagónica. Tres jueces se pronunciaron contra los recursos, pero otros
dos los validaron.
Ahora se reveló que uno de los jueces
que rechazaron las objeciones, Pedro Pierry Arrau, tiene 109.840
acciones de la empresa ENDESA accionista mayoritaria del proyecto. La
difusión del dato por el presidente del Senado Guido Girardi, del PPD
(Partido por la Democracia), reavivó la polémica en torno a este
proyecto cuya realización implicaría anegar 6.000 hectáreas de tierra,
la mayoría situadas en regiones de glaciares, montañas, lagos y varios
parques nacionales y la construcción de una línea de transmisión de
energía de más de dos mil kilómetros.
Rechazo ciudadano
El mega proyecto tiene origen en
estudios de los años 60 sobre los caudalosos rios Baker y Pascua y su
aprovechamiento hidroeléctrico. En el año 2007 Hidroaysén, empresa
integrada por Endesa (según datos económicos controlada por la italiana
ENEL S.A.) y Colbún S.A. presentó los estudios para construir cinco
centrales y una red de distribución. El proyecto atravesó distintas
etapas de viabilidad y evaluación ambiental, durante las cuales hubo
fuertes críticas sobre el impacto que significaría sobre regiones
vírgenes y otras consideradas formidables enclaves naturales. Diversas
organizaciones ambientalistas, legisladores, pobladores de regiones
implicadas en el proyecto iniciaron su batalla contra Hidroaysén.
Algunos estudios sobre el futuro emplazamiento de las centrales y de los
recorridos para el transporte de los materiales necesarios para su
construcción, el proyecto afectaría 6 reservas nacionales, 26 sitios
prioritarios de conservación natural, 16 humedales y 32 áreas protegidas
privadas. Seis comunidades mapuches, también denunciaron que serían
afectadas por el proyecto.
El EIA (Estudio de Impacto Ambiental)
presentado por Hidroaysén, ha sido controvertido y ha tenido una
tramitación accidentada. Importantes sectores de la sociedad chilena se
han movilizado activamente contra el proyecto, promoviendo numerosas
manifestaciones y actos de protesta que fueron duramente reprimidos por
carabineros. Pese a ello y a los errores y fallos señalados en el
estudio, el proyecto fue aprobado el 9 de mayo del año pasado. En ese
momento el rechazo ciudadano según las encuestas, era del 74%. Aún
reconociendo la necesidad de preveer un aumento gradual de la capacidad
energética, se cuestionaban duramente los costes que provocaría la
realización del proyecto.
Gobiernos controlados por grupos económicos
Juan Pablo Orrego, ecólogo y
coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia responsabiliza tanto
al actual gobierno de Sebastián Piñera, como a la Concertación
opositora. Afirma que la mayor parte de la población chilena en forma
transversal, considera descabellado, destructivo e innecesario el mega
proyecto. Recuerda que "nuestra democracia no es plena, por decir lo
menos". Y añade que "el poder ciudadano ha sido usurpado por la cúspide
de la pirámide socioeconómica chilena, y los gobiernos hacen y deshacen,
cooptados por clanes, grupos económicos, corporaciones...como quieran
llamarlo. Es así como hemos sido testigos de uno de los procesos de
evaluación ambiental más "truchos" (falsos) de nuestra historia". Agrega
también que "las falencias e irregularidades en torno a la evaluación
de Hidroaysén no son finas, son groseras, son insólitas, la mayoría
duramente corroboradas por una comisión de DDHH de la Cámara de
Diputados". A lo largo del proceso numerosos servicios públicos y
municipios siguieron alegando su inconformidad, afirma Orrego.
El presidente del Senado, Guido
Girardi, refiriéndose a la decisión del alto tribunal chileno, expresa:
"lamentamos profundamente el fallo no sólo por el daño ambiental y la
intervención sobre la principal fuente de agua dulce del planeta, sino
por el comportamiento de un ministro de la Corte Suprema", en clara
referencia a las 109.840 acciones de ENDESA valoradas en unos doscientos
mil dólares que el juez Pierry Arrau admitió haber declarado como parte
de sus bienes el año pasado. Afirma el legislador que "es una gravísima
situación del poder judicial que daña profundamente a una de las
principales instituciones del Estado que ya no garantiza ecuanimidad."
Girardi, como muchos ciudadanos chilenos, cree que el juez Pierry debió
haberse inhabilitado para pronunciarse en una cuestión tan
controvertida, teniendo claramente intereses económicos vinculados con
Hidroaysén. El ministro de la Corte admitió la tenencia de esas
acciones, pero evitó cualquier valoración ética o moral, y se limitó a
expresar que no hay circunstancias legales que justifiquen una
recusación.
Las "inversiones" de Hidroaysén
La empresa ha invertido importantes
sumas en campañas publicitarias para defender su proyecto afirmando que
es vital para asegurar a Chile la energía que necesita para su
desarrollo. Ha conseguido que algunos medios dedicaran artículos a favor
del proyecto y que minimizaran las denuncias o protestas contra la
construcción de las centrales. Su campaña incluyó - por supuesto - el
anuncio de que se tomarían todas las prevenciones necesarias para no
dañar de forma irreversible espacios naturales. También, la construcción
de algunas obras para beneficio social de los pobladores de la región
de Aysén.
El vice-presidente de Hidroaysén,
Daniel Fernández, dijo que tras el polémico fallo de la Corte Suprema ya
no habrá acciones legales que puedan detener el proyecto. Para Orrego,
coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, "la conciencia de la
gente está cambiando y las energías renovables están madurando. Sus
precios bajan cada dia que pasa. Si seguimos nuestra lucha, afirma, este
proyecto caerá por el peso de su propia inviabilidad." Destacó y
agradeció el apoyo de campañas internacionales, principalmente desde
Italia, donde más de una decena de organizaciones cuestionan el accionar
de la emprea multinacional italiana ENEL en el mundo. (La empresa
mayoritaria que controla ENDESA).
"Patagonia Sin Represas", una de las
principales coordinadoras sociales que el año pasado logró reunir
120.000 personas en una marcha de protesta contra el mega proyecto
hidroeléctrico, ha convocado una nueva concentración para el próximo
miércoles 11 en Santiago de Chile.
La cuestionada imparcialidad del voto
del juez Pierry Arrau, poseedor de más de cien mil acciones de la
empresa que se beneficiaría con la realización del proyecto, será un
estímulo para que los ciudadanos de la capital chilena salgan a las
calles para expresar sus propias razones.
Vìa:
http://www.kaosenlared.net
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